Para la mayoría de sus habitantes México parece existir en una especie de adolescencia perpetua. Pasan las décadas y cambian las etiquetas: México ha sido en diferentes épocas un país tercermundista, un país en vía de desarrollo y un país emergente. ¿Qué es lo que le impide a México lograr su potencial, sacar máximo provecho de sus innumerables ventajas y utilizar al máximo todos los recursos con los que cuenta?
La opción más popular es culpar a la mexicanidad de las desventuras del país, como si la corrupción, la ilegalidad, el soborno, la desvergüenza y la apatía fueran defectos exclusivos del mexicano. Pero al contrario de lo que señala la cantidad casi increíble de opiniones, editoriales y correos electrónicos, no tiene intrínsecamente nada de malo ser mexicano.
El mexicano promedio al nacer no presenta ni mayor ni menor tendencia que el extranjero promedio a ser corrupto, malicioso, tramposo, bribón, cobarde o perezoso. No existe un gen de mexicanidad que dicte el comportamiento de los mexicanos, que los haga más borrachos o parranderos o mujeriegos que los demás. Cuando un mexicano da un soborno, o se salta la fila, o no paga impuestos, o se cuelga de la red eléctrica, no lo hace porque es mexicano. Lo hace porque su conducta representa una decisión racional respecto a los incentivos que el medio social en el que vive le presenta.
El reconocido economista peruano Hernando de Soto ha dedicado su vida profesional al estudio y análisis de los países pobres, específicamente al estudio de sus sectores informales. De Soto presenta argumentos claros y convincentes que establecen una relación muy fuerte entre la asimilación legal del sector informal y el avance económico de un país.
De cierta manera el argumento de de Soto es contra-intuitivo. El sentido común indica que un alto nivel de desigualdad económica entre diferentes grupos sociales pertenecientes a una misma comunidad es perverso para el crecimiento de dicha comunidad. Esto es debido a que cuando la riqueza está concentrada en pocas manos, los ricos tienen poco incentivo para innovar y buscar nuevas formas de promover crecimiento, no tienen necesidad de hacerlo. Al mismo tiempo, dichas condiciones no promoverán la creación de un gobierno redistributivo para elevar el nivel de vida y las oportunidades de los pobres, ya que los ricos son también los poseedores del poder político que podría emplearse para cambiar la situación.
Pero de Soto va aún más lejos que esto y arguye que lo que la mayoría no alcanzamos a ver es que los “pobres” no son en realidad tan pobres. Los pobres cuentan con recursos y riqueza. El problema, según de Soto, es que los recursos y riqueza de los pobres no son oficiales. Los activos de los pobres no son reconocidos por el mundo legal. La riqueza de los pobres consiste en sus hogares, el terreno en el que se asentaron, el micro-negocio del que obtienen su porvenir o el terreno en el que siembran y cultivan, el ingenio que les ayuda a sobrevivir, así como la red de contactos personales con la que cuentan, incluyendo familiares, amigos, organizaciones sociales, clientes y proveedores, etc.
El aspecto contra-intuitivo aparece cuando reflexionamos sobre el hecho de que es el mismo sistema legal el que actúa en contra de los pobres y les impide integrarse al mundo “oficial”. El sistema legal en los países con altos niveles de desigualdad sirve a una minoría de la población, es decir, a la clase media y a los ricos. Pero los pobres son la mayoría.
Sin embargo, resulta común al grado de ser embarazoso el hecho de que la clase media y la clase rica miren con desprecio a los pobres por no respetar la ley. Una ley que fue establecida por la minoría para proteger los intereses de los más favorecidos y que por lo general sólo dicha minoría tiene la capacidad de acatar. La clase media y la clase rica olvidan rápidamente que acatar la ley puede resultar muy caro para alguien que se encuentra en el escalón más bajo de la escalera social. Acatar la ley requiere de contratar abogados, contadores, cumplir con trámites burocráticos, pagos de impuestos, contar con un domicilio, referencias, historial crediticio y muchas cosas más.
La ley no lo es todo. Un sistema legal resulta perverso cuando excluye a la mayoría de la población del territorio sobre el que pretende regir. Los sistemas legales, así como los sistemas políticos, sólo son “buenos” si sirven para brindar seguridad, apoyo e igualdad de oportunidad a la mayoría de la población.
Ante esta situación, los pobres se ven en la necesidad de crear un mundo paralelo al mundo legal. En dicho mundo “extra-legal” es donde viven y trabajan. Sin embargo, existir en el mundo extra-legal conlleva desventajas significativas que impiden el desarrollo y crecimiento de sus habitantes. Es un mundo sin seguridad, donde reina la incertidumbre, y donde el enfoque en el corto plazo implica una existencia errática que no permite planear para el futuro.
La respuesta de Hernando de Soto frente al problema de integrar al sector formal a aquellos que viven al margen de la ley es implementar programas que ayuden a reconocer los activos y riqueza de los pobres. La analogía adecuada es la de extender un puente entre el sistema legal y la población marginada. El sistema legal debe ser flexible: se debe enfocar en regularizar la situación y la riqueza de los pobres, reconocer su derecho a tener tierra y hogares y facilitarles su adquisición, eliminar burocracia innecesaria, simplificar el sistema fiscal.
La razón por la que los marginados no participan del sistema legal es porque los costos de integrarse resultan demasiado altos comparados con el beneficio de hacerlo. No es racional que un ocupante ilegal de un terreno regularice su situación si los trámites involucrados toman tiempo y dinero con los que él simplemente no cuenta. Y tampoco es racional esperar que un micro-empresario registre su negocio si la burocracia involucrada implica que debe esperar semanas, meses o años antes de tener licencia para operar. El hambre no espera.
El aspecto más poderoso del argumento de Hernando de Soto no es que suena razonable, sino que está basado en evidencia. El resultado de años de trabajo de investigación demuestra que cuando los obstáculos son reducidos, los pobres toman la decisión de formar parte del sistema legal, y tienen toda la razón de hacerlo. Cuando regularizan su situación, los marginados pasan a formar parte de un sistema que les puede brindar una red de seguridad social y oportunidades de mejorar su futuro. Les permite integrarse a un mundo más amplio, donde pueden ser recompensados a mayor escala por su trabajo y su ingenio. El mundo legal les brinda la opción de lidiar mejor con la incertidumbre, lo que les permite darse el lujo de pensar en y planear para el futuro.
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